Publicado el 27 de mar. 2025
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$LIBRA: Avanza la investigación y piden nuevas medidas judiciales

La juez Federal de San Isidro Arroyo Salgado amplió la investigación y ordenó reconstruir los movimientos de las billeteras virtuales asociadas al criptoactivo.

$LIBRA: Avanza la investigación y piden nuevas medidas judiciales
Lo más importante
  • La Jueza Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ordenó diversas medidas para seguir avanzando en la investigación del caso $LIBRA. Solicitó la reconstrucción de los movimientos de las billeteras virtuales asociadas al polémico token.

  • La Magistrada quiere determinar el destino de las millonarias sumas acumuladas y, en lo posible, congelar los fondos para proceder a su recuperación.

  • En su resolución, afirmó que el caso “$LIBRA” podría constituir una “maniobra de estafa cripto” basada en marketing engañoso, manipulación de mercados y operaciones coordinadas en redes sociales para inflar artificialmente el valor del activo digital.

  • Los movimientos que son investigados apuntan a tres fechas: el 14 de febrero, día del lanzamiento del token; el 15 de febrero, cuando se anunció una inyección de fondos que nunca ocurrió, y el 17 de febrero, cuando un reposteo del presidente volvió a disparar su cotización.

  • Arroyo Salgado también pidió información a la Casa Militar para confirmar si el presidente Milei se encontraba en la Quinta de Olivos durante las publicaciones en X. Se confirmó que estuvo en esa residencia oficial el 14 y el 15 de febrero, pero ahora se busca verificar su ubicación el día 17.

  • Entre los imputados en la causa figuran el presidente Javier Milei; los empresarios Hayden Davis y Julian Peh; el escritor Agustín Laje; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y los asesores Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

Mientras sigue habiendo polémica por quién es competencia en la causa que investiga el caso $LIBRA, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, amplió la investigación por la presunta estafa con la criptomoneda que promocionó el presidente Javier Milei, y solicitó la reconstrucción de los movimientos de las billeteras virtuales asociadas al polémico token.

Arroyo Salgado busca determinar el destino de las millonarias sumas acumuladas y, en lo posible, congelar los fondos para proceder a su recuperación.

sandra.jpg Sandra Arroyo Salgado, Jueza Federal de San Isidro.

Según las propias fuentes judiciales, la Magistrada ordenó el seguimiento en tiempo real de las billeteras virtuales vinculadas al caso, incluidas las de los miembros del equipo que creó $LIBRA –entre ellos, el estadounidense Hayden Davis– y de las que habrían actuado con información privilegiada.

Lo que si se sabe es que la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina será la encargada de monitorear los movimientos financieros y reportar de inmediato si parte de los fondos llegan a plataformas de compra y venta de criptoactivos que permitan congelarlos. La medida apunta a “proceder, eventualmente, al recupero de los activos de las víctimas”, según figura explícitamente en la resolución judicial.

Los movimientos que son investigados se enfocan en tres fechas: el 14 de febrero, día del lanzamiento del token; el 15 de febrero, cuando se anunció una inyección de fondos que nunca ocurrió, y el 17 de febrero, cuando un reposteo del presidente volvió a disparar su cotización.

El 14 de febrero, en las horas previas al lanzamiento oficial, un grupo reducido de billeteras adquirió tokens por unos 2,5 millones de dólares. Minutos después, el presidente Javier Milei publicó un mensaje en la red social X promocionando la criptomoneda, lo que hizo que su precio se disparara de 0,3 a 2,5 dólares en menos de 15 minutos. Luego alcanzó un pico de 4,65 dólares cuando la agencia Bloomberg informó que el mandatario había validado el proyecto.

A partir de las 21 horas de ese mismo día, las billeteras asociadas al equipo de desarrollo, empezaron a retirar los fondos de liquidez. Esto generó un colapso del valor del token y pérdidas significativas para los inversores. Se estima que el drenaje de liquidez alcanzó los 90 millones de dólares.

El 15 de febrero, Hayden Davis aseguró públicamente que contaba con 100 millones de dólares para reinyectar en $LIBRA con el fin de recuperar su valor. Sin embargo, esa promesa no se cumplió y la cotización volvió a caer.

El 17 de febrero ocurrió un nuevo episodio bajo sospecha. A las 13 horas, Milei retuiteó un mensaje del economista Darío Epstein con instrucciones para comprar la criptomoneda. Momentos antes de esa publicación, cuatro billeteras adquirieron tokens por un monto equivalente a 3 millones de dólares.

Tras el retuit presidencial, el valor del activo volvió a subir abruptamente, lo que permitió a esos operadores obtener una ganancia estimada en 9 millones de dólares. Una hora después, el presidente eliminó la publicación.

En su resolución, Arroyo Salgado afirmó que el caso “$LIBRA” podría constituir una “maniobra de estafa cripto” basada en marketing engañoso, manipulación de mercados y operaciones coordinadas en redes sociales para inflar artificialmente el valor del activo digital y luego vaciar sus reservas. La jueza agregó que el esquema incluiría estrategias conocidas como “rug pull” y “pump and dump”.

Para reforzar su competencia en la causa, la jueza solicitó información a la Casa Militar para confirmar si el presidente Milei se encontraba en la Quinta de Olivos durante las publicaciones en X. Ya se confirmó que estuvo en esa residencia oficial el 14 y el 15 de febrero, y ahora se busca verificar su ubicación el día 17.

También se solicitó a la plataforma X que informe desde qué dirección IP se realizaron los posteos presidenciales y si fueron eliminados. La jueza consultó al fiscal federal Eduardo Taiano para saber si también incluyó en su investigación lo ocurrido el 15 y el 17 de febrero, momentos posteriores al lanzamiento de la criptomoneda, cuando algunos de los principales impulsores del proyecto intentaron despegarse del mismo y eliminar rastros de su participación.

Vale recordar que entre los imputados en la causa figuran el presidente Javier Milei; los empresarios Hayden Davis y Julian Peh; el escritor y asesor presidencial, Agustín Laje; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los asesores Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

La investigación busca determinar si sus intervenciones fueron deliberadas y coordinadas.

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