Informe especial: aplicaciones de criptos serán reguladas en Argentina

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) inició este miércoles su respectiva visita in situ en contexto de la 4° ronda de evaluación mutua de la Argentina, que se desarrollará en Buenos Aires hasta el 26 de marzo.

Lo cierto es que altas autoridades de los tres poderes del Estado y miembros del organismo internacional se reunieron en el Palacio San Martín para la apertura del proceso que evalúa el funcionamiento del sistema nacional contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Vale recordar que la cuarta ronda comenzó en septiembre de 2023, cuando se enviaron al GAFI los formularios de cumplimiento técnico. La segunda instancia del proceso -que por primera vez incluye el componente de efectividad del Sistema ALA/CFT- fue en noviembre, cuando se remitieron los formularios de efectividad.

Lo cierto es que la comitiva de GAFI también llegó a nuestro país para instruirle al Gobierno Nacional que preside Javier Milei para que avance rápidamente con un plan de regulación para las empresas que operan con criptomonedas en el país.

En lo que respecta a las criptomonedas, la mirada de GAFI está puesta en la creación de un “Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales”, para que las empresas puedan inscribirse y prestar servicios.

En este sentido, serían alrededor de 15 las empresas del sector fintech que se dedican a las cripto que podrían ingresar a este registro que establece el proyecto de ley. Si el Gobierno Nacional, no genera un marco regulatorio antes del 26 de marzo, Argentina podría entrar a la "lista gris" del organismo. Es decir que, antes de esa fecha, una ley o un DNU deberá crear un registro para quienes deseen operar con criptoactivos.

Se trata del “Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales”, en el que deberán inscribirse quienes deseen operar criptomonedas.

Y en este escenario, se abren dos caminos. Por un lado, la sanción de nuevas normativas por parte del Congreso Nacional para reformar el Código Penal. Dicha iniciativa ya tuvo media sanción en la Cámara Diputados el año pasado y hace algunas semanas atrás logró dictamen en las comisiones del Senado.

Tras la marcha atrás que se dio con la famosa Ley Ómnibus, resulta muy arriesgado afirmar o negar si el proyecto puede tratarse.

El otro camino depende del Ejecutivo y es mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia que incluya todos los articulados del mismo proyecto de Ley que se encuentra estancado en el Congreso de la Nación.

Algunos medios como Infobae aseguran que ese DNU "ya está redactado y a disposición del Presidente Javier Milei si decide firmarlo".

Si bien el presidente Javier Milei ha dado muestras claras de avanzar hacia la desregulación económica, lo cierto es que ya no depende tanto del propio Gobierno Nacional en establecer un marco regulatorio para quienes operan con criptomonedas en el país.

De hecho, la propia canciller Diana Mondino expresó durante la última edición de Labitconf que el gobierno tiene la decisión política de crear un escenario de "libertad de monedas. El que quiera hacer contrato en Bitcoin, que lo haga”.

Desde GAFI sostienen que "para gestionar y mitigar los riesgos que surjan de los activos virtuales, los países deben garantizar que los proveedores de servicios de activos virtuales estén regulados para propósitos ALA/CFT, y tengan licencia o registro y estén sujetos a sistemas de monitoreo efectivo y asegurar el cumplimiento de las medidas relevantes requeridos en las Recomendaciones del GAFI”.

En el Senado, el proyecto debatido establece modificaciones en las competencias de la Unidad de Información Financiera (UIF). Mientras tanto, es sabido que las empresas fintech acompañan un marco normativo para generar más previsibilidad para los inversores.

La iniciativa, le daría facultades a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para que cree el “Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales”.

De aprobarse, será la CNV quien establezca las normas de funcionamiento de las empresas que operan criptomonedas en Argentina.

Por último, vale mencionar que GAFI es un organismo internacional compuesto de 39 miembros y Argentina lo integra desde el año 2000. "La revisión a nivel de pares produce una calificación país que resulta de enorme relevancia para el acceso a los mercados financieros internacionales, para la atracción de inversiones y para tener menores costos transaccionales. El resultado será dado a conocer en octubre de 2024, en el próximo plenario del GAFI", destacó el gobierno argentino en un comunicado oficial.

En conclusión, el gobierno de Javier Milei tiene tiempo hasta el 26 de marzo para dar señales claras que establezcan la creación de un marco regulatorio para cualquier empresa que quiera prestar servicios relacionados a las criptomonedas. De lo contrario, la puerta de la "lista gris" está cada vez más cerca.