Argentina busca reforzar la seguridad contra las estafas de criptomonedas

El Gobierno Nacional oficializó la Resolución 1330/2024 donde establece que el Ministerio de Seguridad cuenta con facultades para crear políticas y programas para evitar los delitos relacionados con las criptomonedas.

En este sentido, el Ejecutivo que preside Javier Milei determinó la creación del “Delito de intermediación financiera no autorizada, mediante la utilización de criptoactivos”.

Tal como te contamos en Decentralike, un reciente informe de Consensys reveló que Argentina es el país de mayor adopción de stablecoins a nivel mundial, junto con India, Sudáfrica y Reino Unido.

Según el análisis, el 93% de los argentinos conocen la existencia de las criptomonedas, y 48% entiende su funcionamiento, y solo el 7% “no tiene idea”.

La Resolución de la Presidencia de la Nación recordó que el Artículo N° 2 de la Ley Nº 24.059 enumera temas sobre las fuerzas policiales y a partir de ahora elaborarán tareas preventivas ante el constante avance de las transacciones con criptomonedas en Argentina.

“A través de la Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD Nº 428/24 se aprobaron las pautas, principios, criterios, recomendaciones y directivas para las labores preventivas de los delitos que se desarrollan en ambientes cibernéticos mediante el uso de sitios web de acceso público y fuentes digitales abiertas que realizan las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales”, anunció el gobierno de Argentina.

Ya está publicada la edición del 16/12/2024 del Boletín Oficial de la República Argentina. Podés visualizarla en https://t.co/5HF1BTWzFo

— Boletín Oficial R.A. (@boletin_oficial) December 16, 2024

El Gobierno Nacional entiende que el crecimiento en la adopción de criptomonedas está generando espacios de actuación para el desarrollo de delitos ciberasistitos y ciberpendientes con “un gran número de víctimas” de todos los estratos sociales y económicos.

De hecho, desde el Ministerio de Seguridad entienden que entre los más comunes están: las estafas (Ponzi), defraudaciones, y acciones de “intermediación financiera” no autorizadas.

A raíz de este escenario, el Gobierno impulsó la creación de labores preventivas con infacciones, detectar amenazas o intimidaciones.

Además, apuntan a las ventas o permuta de artículos que provengan de delitos relacionados con criptomonedas como así también la detección de la falsificación de instrumentos en sitios web o espacios virtuales.

Vale recordar que, días atrás, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Comisión Nacional de Activos Digitales de El Salvador (CNAD), firmaron un acuerdo para intercambiar información de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) y Digitales.