¿De qué se trata el proyecto para crear la Ley Bitcoin?

Con Decentralike nos trasladamos a Costa Salguero, en el centro de Buenos Aires, para participar de LABITCONF (Latin American Bitcoin & Blockchain Conference), uno de los eventos de blockchain y criptomonedas más importantes de Latinoamérica.

Allí, expuso un gran panel de economistas, especialistas del mundo cripto y empresarios que destacaron el rol de las criptomonedas.

Y entre otros puntos importantes, podemos destacar la presentación que realizó el presidente de la ONG Bitcoin Argentina, Ricardo Mihura, quien encabezó la exposición del proyecto de "Ley de Bitcoin Argentina".

Según expuso Mihura, el objetivo del proyecto es "preservar la descentralización" característica de las monedas digitales, pero también fortalecer la seguridad en los activos de las personas y las empresas.

El proyecto señala que los fundamentos son “preservar la descentralización y desintermediación y la inclusión y desarrollo financiero de las personas y de las empresas con el objetivo de "no ahogar el potencial de las tecnologías descentralizadas".

También busca "proteger el ahorro público de los inversionistas y usuarios" para que las operaciones se den en un contexto con “suficiente información y reglas claras de responsabilidad y acceso a la justicia”.

De hecho, el titular de Bitcoin Argentina, durante su exposición, también advirtió sobre los proyectos “deshonestos” que han tomado protagonismo en el sector de las criptomonedas.

Y en este sentido, vale recordar que la propia ONG Argentina salió rápidamente al cruce del proyecto que propone crear la Moneda Digital Argentina, cuya idea fue impulsada por el propio ministro de Economía, Sergio Massa.

En este caso, la Ley de Bitcoin Argentina “protege la propiedad y derechos sobre todos los criptoactivos” y establece las tres categorías de plataformas de prestación de servicios con estos activos digitales.

La primera categoría son las plataformas descentralizadas. En este caso, bitcoin y las categorías descentralizadas quedan fuera de la competencia regulatoria de la autoridad de aplicación. Se las considera moneda sin curso legal y se reconoce el derecho de operar con ellas en libertad y desarrollarlas. La responsabilidad de operar con criptoactivos y plataformas descentralizados es exclusivamente de sus usuarios.

La segunda categoría es la llamada “con licencia”. Se someten a reglas de requisitos de calificación y de supervisión administrativa. Tendrán la posibilidad de acceder al sistema bancario.

En tercer y último lugar está la categoría de “centralizados sin licencia”.

Las plataformas podrán operar libremente, pero se los “desincentiva mediante hacer responsables solidarios por sus riesgos a todos los que operen o promuevan la plataforma, así como a sus administradores”.

Si bien el presidente de la ONG remarcó que “siempre” se mostraron en contra de los avances regulatorios de las criptomonedas, consideró que con este proyecto buscan “dar una respuesta positiva”.