Bukele busca una nueva Ley Bitcoin para cumplir con GAFI

El presidente Nayib Bukele, a través del Ministerio de Economía, presentó ante la Asamblea Legislativa de El Salvador un proyecto que busca reformar la Ley de Emisión de Activos Digitales promulgada el año pasado y que también modificaciones en la aplicación de la Ley Bitcoin.

El proyecto tiene como objetivo "fomentar la participación del sector privado en el mercado de criptomonedas del país y le da a la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) la responsabilidad de aplicar la Ley Bitcoin aprobada en 2021.

La iniciativa propone la creación de un registro obligatorio para los proveedores de servicios con Bitcoin (exchanges, custodios y procesadores de pagos), quienes deberán aplicar protocolos de prevención del lavado de dinero, protección de activos de los clientes y medidas de ciberseguridad.

La CNAD es un organismo que depende de un Consejo Directivo integrado por la presidencia del país y el Ministerio de Economía y sería quien administre el registro de exchanges, además de autorizar, denegar o cancelar las autorizaciones para operar en el país, y "establecer normas de buena conducta".

De esta forma, el Gobierno de Bukele busca regular a las empresas relacionadas con la industria cripto y dándole más poder a la CNAD que ahora tendrá nuevas funciones en materia de cobros, tasas impositivas y control del mercado.

Asimismo, el proyecto también establece una serie de políticas de gestión de riesgos y el cumplimiento de normativas técnicas emitidas por la CNAD. La idea del Gobierno es poder cumplir con las recomendaciones que hace el Grupo Internacional de Acción Financiera (GAFI), para prevenir delitos con criptomonedas.

En este sentido, los articulados del proyecto presentado ante la Asamblea revelan que se busca cumplir con la "Ley contra el lavado de dinero y de activos" y actuar de cara al proceso de evaluación de El Salvador por parte del GAFI, cuyo informe se publicará en octubre próximo.

El proyecto establece normativas preventivas para reducir los riesgos en el mercado e incrementa sanciones a quienes operen sin autorización. De hecho, aplica el congelamiento de fondos y el secuestro de bienes, en caso de que se detecten irregularidades.

El artículo 21-B del proyecto propone que los exchanges pongan límites a las transacciones y solicita la definición de políticas contra pérdida o robo de activos, mantenimiento de libros y registros de los activos, pasivos y patrimonio de proveedoras de servicios. También se plantea que lleven un control de las cuentas de los clientes con sus datos e información.

Curiosamente (o no) esta propuesta de Bukele llega pocos días después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) destacara avances en las conversaciones con el Gobierno de El Salvador.